El pasado 6 de marzo celebramos el tercer seminario técnico del proyecto RIA-CCC, dedicado a uno de los temas que más preguntas y dudas genera en el sector: la normativa aplicable a los canales cortos de comercialización. De la mano de Jorge Molero, asesor experto del proyecto, y Marcos M. Fernando Pablo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, exploramos juntos qué dice realmente la normativa, dónde están los márgenes reales de flexibilización y qué barreras —muchas de ellas invisibles— siguen frenando el desarrollo de los canales cortos en España.
El tercer seminario técnico del proyecto RIA-CCC convocó a cerca de 40 personas desde distintos puntos del Estado para abordar uno de los temas más complejos y demandados por la red: la normativa que afecta a quienes producen y venden en canales cortos de comercialización. La sesión partió de una premisa compartida por quienes trabajan en el sector: la normativa no es solo la higiénico-sanitaria, la más conocida y debatida, sino una acumulación de capas regulatorias —fiscal, laboral, agraria, urbanística— que interactúan entre sí y generan barreras difíciles de gestionar sin apoyo especializado.
A lo largo del encuentro se combinaron una mirada práctica, que recorrió los principales saltos normativos a los que se enfrenta un productor o productora que quiere vender en canal corto, y un análisis jurídico en profundidad sobre qué permite realmente el marco europeo y qué margen tienen las administraciones para flexibilizar su aplicación. El debate posterior fue especialmente rico, con aportaciones de personas con experiencia territorial muy diversa que pusieron sobre la mesa tanto las dificultades reales del día a día como propuestas concretas para avanzar.
Normativa visible e invisible: un mapa de las barreras
Jorge Molero, asesor experto vinculado al proyecto RIA-CCC, abrió la sesión proponiendo una distinción que resultó clave para enmarcar el debate: la diferencia entre normativa visible e invisible. La normativa visible es la que todo el mundo menciona cuando se habla de flexibilización en canales cortos: el paquete higiénico-sanitario, la normativa de venta directa y las ordenanzas municipales. La invisible es la que nadie nombra pero que frena igual o más: la fiscalidad, el régimen laboral, las licencias de actividad o la clasificación del suelo.
A partir de ahí, recorrió los diferentes escalones normativos que debe ir subiendo una persona productora conforme amplía su actividad —desde vender hortalizas propias hasta transformar y comercializar productos de terceros—, mostrando cómo cada paso añade nuevas obligaciones en múltiples administraciones que no se coordinan entre sí. Una acumulación que, en su experiencia, no responde a un diseño pensado para pequeños proyectos, sino a un sistema concebido para grandes empresas o para quien simplemente entrega su producción a una cooperativa o industria.
El derecho europeo como palanca: márgenes reales y propuestas de cambio
Marcos M. Fernando Pablo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca e investigador especializado en regulación agroalimentaria y despoblación rural, aportó una perspectiva jurídica que complementó y profundizó el diagnóstico de Molero. Su punto de partida fue optimista: el marco europeo ofrece más posibilidades de las que hasta ahora se han aprovechado en España. El reto, señaló, es que el paquete higiénico-sanitario europeo no siempre ha sido interpretado en toda su amplitud, sin distinguir suficientemente entre excepciones, adaptaciones y exclusiones, ni reconociendo plenamente el corte que el derecho europeo establece entre producción primaria y operador de empresa alimentaria.
A partir de ese análisis, propuso dos vías concretas. La primera, una ley estatal de armonización que establezca una figura intermedia entre la producción primaria y el operador de empresa alimentaria —similar al estatuto de artesano alimentario portugués o a figuras equivalentes en Francia—, con un régimen jurídico flexibilizado y reconocido en todos los ámbitos normativos: sanitario, fiscal y de seguridad social. La segunda, avanzar en varios frentes de forma simultánea: la incidencia política coordinada, el diálogo con inspectores y gestores públicos para generar interpretaciones más coherentes, y la demostrabilidad mediante iniciativas concretas que funcionen y generen presión desde abajo.
Un debate que refleja la complejidad del marco normativo
El turno de debate reunió voces muy diversas —productoras y productores, técnicas y técnicos, gestoras y gestores de GAL, investigadoras e investigadores— que enriquecieron las exposiciones con experiencias territoriales concretas y propuestas prácticas. Se debatió sobre las alianzas con el pequeño comercio de proximidad como vía inmediata para avanzar sin esperar cambios normativos, los obradores compartidos como solución estructural para el medio rural —confirmándose su viabilidad técnica y jurídica—, y las limitaciones presupuestarias de los GAL para asumir el papel que se les pide en el impulso de los canales cortos. Se compartieron también experiencias que desmitificaron algunos miedos habituales en torno al registro sanitario, recordando que con conocimiento y acompañamiento adecuado el proceso es más llevadero de lo que parece.
Afloraron igualmente reflexiones sobre las vías de incidencia posibles para avanzar hacia un marco normativo más adaptado a la realidad de los pequeños proyectos productivos: el diálogo con inspectores y gestores públicos para generar interpretaciones más coherentes, la demostrabilidad mediante casos exitosos que generen presión desde abajo, y la incidencia política coordinada a distintos niveles. El debate puso también de manifiesto la variabilidad territorial en la aplicación de la normativa como uno de los principales focos de incertidumbre para quienes trabajan en canales cortos, y la necesidad de espacios como este seminario para compartir experiencias, contrastar interpretaciones y construir colectivamente respuestas más sólidas.
Recursos disponibles
A continuación puedes acceder a la grabación completa del seminario:
Accede al acta completa y a las presentaciones de la sesión.
Documentación complementaria aportada por los ponentes:
Recursos compartidos por las personas participantes durante la sesión:
- Ficha del caso del matadero municipal de Aínsa
- Manual de matadero rural ecológico
- Guía IMFOREST sobre obradores
- Documentación sobre obradores comunitarios (Soberanía Alimentaria)
- Proyecto SABORIGEN (GAL Comunidad Valenciana)
Próximos pasos
La sesión dejó abiertas muchas preguntas que el proyecto seguirá trabajando, profundizando en las cuestiones normativas que quedaron pendientes.
El proyecto continúa con una agenda de actividades previstas para los próximos meses. El 16 de marzo tendrá lugar el próximo encuentro virtual con productoras y productores, con los ejemplos de Saifresc, Carnicería Robres y Abejas de Cándido. Asimismo, el proyecto tiene previsto su Seminario Estatal de Cooperación e Intercambio en el Ministerio de Agricultura el 4 de junio, en el que se trasladarán las conclusiones y aprendizajes generados en esta y otras sesiones de la red.
¿Eres asesor/a en canales cortos? Te invitamos a inscribirte en el directorio y a participar activamente en el foro de la plataforma RIA-CCC.
Esta actividad forma parte del proyecto RIA-CCC, cofinanciado en un 43% por la Unión Europea a través del Plan Estratégico de la PAC (Fondos FEADER) gestionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por un importe total de 144.475,91 €.
