La complejidad normativa que enfrentan los productores y productoras en canales cortos no es sólo sanitaria. Cuatro niveles administrativos sin coordinación entre sí que dificultan el desarrollo de la venta directa y de proximidad. El próximo 11 de febrero exploramos soluciones en un café de innovación participativo.
Para facilitar la comprensión de esta problemática, desde el proyecto RIA-CCC hemos elaborado un documento de análisis que recoge el marco normativo completo que afecta a los canales cortos en España. Jorge Molero, asesor experto del proyecto, nos explica en este vídeo los aspectos clave del documento y nos invita a la sesión de trabajo del 11 de febrero:
Los cuatro niveles normativos que afectan a los CCC
Cuando hablamos de flexibilización normativa en canales cortos, tradicionalmente nos limitamos al paquete higiénico-sanitario. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja: los productores y productoras deben navegar por cuatro niveles administrativos diferentes que regulan aspectos de la misma actividad sin apenas coordinación entre sí.
Nivel 1: Obligaciones fiscales y de Seguridad Social
Desde que se inicia la actividad de venta, entran en juego las obligaciones tributarias y de cotización. Los productores y productoras deben tomar decisiones en cuatro ámbitos. Primero, cómo tributar en el IRPF: mediante estimación objetiva por módulos o estimación directa. Segundo, qué régimen de IVA aplicar: el Régimen Especial Agrícola con compensaciones o régimen general. Tercero, deben darse de alta en el IAE en el caso de comercializan productos de terceros. Y cuarto, en qué sistema cotizar a la Seguridad Social: Sistema Especial Agrario con cuotas reducidas o RETA general).
Desde que se inicia la actividad de venta, entran en juego las obligaciones tributarias y de cotización. Los productores y productoras deben tomar decisiones en varios ámbitos. Primero, cómo tributar en el IRPF: mediante estimación objetiva por módulos o estimación directa. Segundo, qué régimen de IVA aplicar: el Régimen Especial Agrícola con compensaciones o el régimen general. Tercero, si deben darse de alta en el IAE al comercializar productos de terceros. Y cuarto, en qué sistema cotizar a la Seguridad Social: Sistema Especial Agrario con cuotas reducidas o RETA general.
Nivel 2: Producción primaria de alimentos
Las Consejerías de Agricultura gestionan los aspectos relacionados con la actividad productiva. Por un lado, supervisan de los registros de explotaciones: Registro de Explotaciones Agrícolas (REA), Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) en caso de producción animal, y Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). Por otro lado, se encargan de la capacitación fitosanitaria y del cuaderno digital de explotación, que será obligatorio desde 2028, con excepciones para pequeñas explotaciones. En el caso de la producción ecológica, cada Comunidad autónoma cuenta con su propio organismo de control, que puede ser público o privado autorizado.
Nivel 3: Transformación y venta de alimentos
La transformación de productos (elaboración de mermeladas, lácteos, conservas o productos cárnicos) implica entrar en el ámbito competencial de las Consejerías de Sanidad. Aquí rige el paquete higiénico-sanitario europeo. Este marco obliga a inscribirse en el RGSEAA (Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias), implementar planes APPCC de análisis de riesgos y cumplir requisitos específicos de instalaciones. El Real Decreto 1086/2020 y los decretos autonómicos establecen flexibilizaciones para pequeñas cantidades, aunque los umbrales varían significativamente según el territorio.
Nivel 4: Normativa local
Los ayuntamientos gestionan tres aspectos clave: las licencias para establecimientos de venta, las ordenanzas de mercados de productores (cuyas tasas varían considerablemente de un municipio a otro), y la calificación de terrenos rústicos a efectos del IBI.
Puntos de ruptura normativa
Primer punto de ruptura: incorporación de productos de terceros
Al incorporar productos de terceros, el artículo 126 de la Ley del IVA genera cambios normativos en cascada. La exclusión del Régimen Especial Agrícola conlleva automáticamente la exclusión de la estimación objetiva por módulos en el IRPF y del Sistema Especial Agrario en la Seguridad Social. Como resultado, el productor o productora pasa al régimen general en las tres administraciones simultáneamente.
Segundo punto de ruptura: transformación de productos vegetales
Al iniciar la transformación de productos vegetales se activa la normativa sanitaria. Esto implica la obligatoriedad de inscripción en el RGSEAA y la implementación de planes APPCC.
Tercer punto de ruptura: productos de origen animal
Al añadir productos de origen animal (carne o lácteos), el régimen de autorización cambia. Se pasa de la comunicación previa a la autorización sanitaria con inspección preceptiva antes del inicio de la actividad.
Diferencias entre Comunidades Autónomas
España carece de legislación estatal específica sobre canales cortos. Sólo 3 Comunidades Autónomas (Cantabria, La Rioja y Madrid) no han desarrollado normativa propia, aplicando interpretaciones más restrictivas de la normativa europea.
Las otras 14 CCAA han establecido marcos propios con diferencias sustanciales:
El País Vasco destaca por eximir completamente del paquete de higiene a explotaciones con menos de 50 gallinas y por su distintivo «Artisau Elikagaigintza» para producción artesanal. Andalucía ha implementado el sistema SIVDA, que permite la comercialización de 23 categorías de productos mediante simple comunicación previa, beneficiando potencialmente al 75% de las explotaciones andaluzas. Castilla y León ha establecido umbrales amplios de «pequeñas cantidades» que permiten requisitos sanitarios flexibilizados en su decreto de 2024: hasta 50.000 huevos anuales, 2.500 kg de miel o conservas vegetales, y 500 canales de lechazo o cabrito en venta directa. Cataluña ha establecido un sistema de acreditación voluntaria de venta de proximidad con distintivo oficial y acceso a ayudas, mientras que Navarra cuenta con la Ley Foral 5/2023, el marco normativo más reciente y completo.
Hacia una flexibilización integral
La investigación evidencia que la flexibilización necesaria no puede limitarse a los aspectos higiénico-sanitarios, sino que debe ser integral: simplificación administrativa, coordinación real entre administraciones y armonización entre Comunidades Autónomas. Actualmente, la gestión está fragmentada entre Hacienda y Seguridad Social (obligaciones fiscales y cotización), Consejerías de Agricultura (registros de producción primaria), Consejerías de Sanidad (autorizaciones sanitarias) y Ayuntamientos (licencias y mercados), sin apenas comunicación entre ellas.
Aunque el Real Decreto 1086/2020 y algunos desarrollos autonómicos recientes han establecido umbrales más amplios para pequeños/as productores/as, las diferencias territoriales son sustanciales y operativas, no meramente formales. Un mismo proyecto puede ser viable en el País Vasco e inviable en comunidades sin normativa específica. Por ello, resulta imprescindible consultar la normativa autonómica concreta antes de iniciar cualquier actividad de venta en canal corto.
Profundiza en el café de innovación del 11 de febrero
El proyecto RIA-CCC celebrará una sesión de trabajo colaborativa para abordar los principales obstáculos que enfrentan los productores y productoras que comercializan en CCC en España. A través de juegos de rol y dinámicas participativas, identificaremos cuellos de botella normativos y construiremos propuestas concretas para una flexibilización integral que vaya más allá de lo higiénico-sanitario.
🗓️ Miércoles 11 de febrero | ⏰ 16:00-18:00h | 💻 ZOOM
Las aportaciones generadas en esta sesión servirán como base para el desarrollo de recursos y contenidos del próximo seminario del proyecto.
¿A quién va dirigido?
- Personal técnico y asesores/as del ámbito público y privado
- Productores y productoras que comercializan o desean comercializar en canales cortos
- Personas interesadas en el impulso de los CCC en sus territorios
Para cualquier duda o consulta: ria-ccc(@)entretantos.org
¿Eres asesor/a en canales cortos de comercialización? ¿Trabajas con productores locales? ¿Te interesa formar parte de esta red estatal? Escríbenos a ria-ccc(@)entretantos.org
Este proyecto está cofinanciado en un 43% por la Unión Europea a través del Plan Estratégico de la PAC (Fondos FEADER) gestionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por un importe total de 144.475,91 €
